ARGENTINA: EL GRAN NEGOCIO DEL PODER
ARGENTINA: EL GRAN NEGOCIO DEL PODER
Corrupción, terrorismo, clientelismo y una República convertida demasiadas veces en botín político
Una investigación histórica y una sátira periodística de Pablo Nicolás Castignani
De Perón a los Kirchner, de los Montoneros y el ERP a los escándalos de la democracia contemporánea: una mirada crítica sobre el precio que paga una sociedad cuando sus dirigentes confunden el poder con la propiedad privada.
ADVERTENCIA EDITORIAL: LA MEMORIA NO DEBE TENER DUEÑOS
Hay países que construyen su prosperidad sobre el trabajo, la educación, la seguridad jurídica y la libertad económica. Y hay países que, después de décadas de oportunidades desperdiciadas, terminan desarrollando una especialidad mucho menos admirable: producir dirigentes que prometen salvar a la sociedad de los problemas que sus propias decisiones contribuyeron a crear.
La Argentina conoce demasiado bien ese segundo espectáculo.
Aquí hemos tenido gobiernos civiles y militares, conservadores, radicales, peronistas, socialistas, liberales y coaliciones de toda clase. Hemos escuchado promesas de revolución, justicia social, reconstrucción nacional, independencia económica, soberanía política, orden, modernización y libertad. Cada generación recibió su correspondiente discurso salvador, su nueva liturgia partidaria y su colección de enemigos responsables de todos los males.
Sin embargo, el ciudadano común sigue necesitando algo bastante menos épico: un sueldo que alcance, una escuela que enseñe, un hospital que atienda, una Justicia que funcione, una calle transitable y un Estado que no desaparezca cuando se lo necesita ni aparezca únicamente para cobrar.
La pregunta es incómoda: ¿cómo puede una nación con semejantes recursos naturales, capital humano, capacidad agroindustrial y tradición universitaria haber atravesado tantas crisis recurrentes?
No existe una respuesta única. La inflación, los desequilibrios fiscales, los cambios bruscos de reglas, las crisis externas, la inestabilidad monetaria, la baja productividad y la debilidad institucional forman parte de una historia compleja. Pero hay un problema que atraviesa distintas épocas y administraciones: la dificultad para someter el poder político a controles efectivos y exigir responsabilidades por el uso de los recursos públicos.
La corrupción no tiene una afiliación partidaria obligatoria. Tampoco tiene una ideología exclusiva. Puede esconderse detrás de un discurso nacionalista, una bandera revolucionaria, una defensa de los trabajadores, una promesa de modernización o una consigna libertaria.
Su mecanismo es mucho más sencillo: alguien obtiene poder para administrar recursos ajenos y empieza a comportarse como si esos recursos le pertenecieran.
La sátira comienza precisamente ahí.
Porque en la Argentina parece haberse perfeccionado una especialidad administrativa: transformar una obligación pública en una oportunidad privada, un fracaso en una conspiración, una investigación judicial en una persecución política y una pregunta incómoda en una supuesta traición a la patria.
El ciudadano paga impuestos. El funcionario administra. El contratista factura. El organismo de control demora. El expediente envejece. Y, cuando finalmente llega una explicación, muchas veces la sociedad descubre que el dinero ya no está, la obra sigue inconclusa y los responsables tienen una nueva entrevista para explicar que todo forma parte de una operación.
Bienvenidos al gran teatro del poder argentino, donde el contribuyente compra la entrada, paga la función y, encima, tiene que escuchar que el espectáculo fue un éxito.
I. PERÓN Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA POLÍTICA DE LEALTADES
El 4 de junio de 1943, un golpe militar derrocó a Ramón Castillo. Entre los oficiales que adquirieron protagonismo estaba Juan Domingo Perón, quien comprendió la importancia política de la cuestión obrera y construyó una alianza decisiva con sectores sindicales.
Desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, Perón impulsó medidas laborales que ampliaron derechos y mejoraron la posición de numerosos trabajadores. Las vacaciones pagas, la negociación colectiva, las protecciones laborales y otras conquistas contribuyeron a consolidar su apoyo popular.
Negar esa realidad sería tan poco serio como afirmar que toda la historia del movimiento se reduce a esas conquistas.
El 17 de octubre de 1945, una movilización multitudinaria reclamó su liberación. En febrero de 1946, Perón ganó las elecciones presidenciales y asumió en junio. La Argentina ingresó en una etapa de transformación económica y social que modificó profundamente las relaciones entre el Estado, los sindicatos y los sectores populares.
El peronismo no fue una invención publicitaria sin raíces sociales. Interpretó demandas reales, construyó una identidad colectiva y ofreció reconocimiento político a millones de personas.
Pero una conquista social no concede propiedad sobre la conciencia del beneficiario.
Un trabajador puede defender las vacaciones pagas y cuestionar al gobierno que las administra. Puede apoyar un convenio colectivo y rechazar a un dirigente sindical. Puede valorar una política pública y votar a la oposición.
En una democracia, recibir un derecho no debería implicar adquirir una deuda de obediencia.
Durante los primeros gobiernos peronistas también se desarrollaron fuertes conflictos con la oposición, restricciones a la prensa, presiones sobre adversarios y mecanismos de propaganda oficial. La reforma constitucional de 1949 incorporó derechos sociales, pero también habilitó la reelección presidencial inmediata. La expropiación del diario La Prensa en 1951 se convirtió en uno de los episodios más controvertidos de la relación entre el gobierno y los medios.
La cuestión de fondo no es si el Estado debe proteger derechos sociales. Es si puede hacerlo sin pretender controlar la vida política de quienes reciben esa protección.
La diferencia es fundamental.
Una institución pública pertenece a todos los ciudadanos. No pertenece al presidente de turno, al partido gobernante ni a la organización sindical que lo acompaña.
Y cuando el poder empieza a confundir representación con propiedad, la República corre el riesgo de convertirse en una sucesión de feudos electorales.
La ironía es que algunos dirigentes hablan de emancipar al pueblo mientras esperan que el pueblo les agradezca eternamente la emancipación.
El ciudadano, sin embargo, no es un empleado del relato oficial.
II. EL ESTADO COMO BOTÍN: LA CORRUPCIÓN NO NACIÓ AYER
La corrupción argentina no comenzó con el kirchnerismo, ni con el peronismo, ni con la democracia recuperada en 1983. Las denuncias por negociados, favoritismos, conflictos de intereses y uso irregular de recursos públicos atraviesan diferentes etapas de nuestra historia.
A fines del siglo XIX, el gobierno de Miguel Juárez Celman quedó profundamente desacreditado por la crisis económica y las denuncias de corrupción que acompañaron su caída política en 1890.
Durante la década de 1930, conocida como la Década Infame, las denuncias por fraude electoral y negociados empresariales se convirtieron en parte central del debate público. Las controversias sobre frigoríficos, concesiones y servicios públicos mostraron que la relación entre intereses privados y decisiones estatales podía convertirse en un problema estructural.
El senador Lisandro de la Torre adquirió notoriedad por investigar los negocios vinculados con la industria frigorífica y por denunciar responsabilidades políticas en el manejo de asuntos públicos.
La enseñanza histórica es evidente: el problema no consiste únicamente en identificar a un partido culpable, sino en comprender qué condiciones permiten que los abusos se repitan.
Cuando una licitación no es transparente, cuando las auditorías no funcionan, cuando los organismos de control dependen de quienes deben controlar y cuando la Justicia demora años en resolver expedientes, los incentivos para el abuso aumentan.
El dinero público no es dinero sin dueño. Su dueño colectivo es la ciudadanía.
Cada peso desviado de una obra pública representa menos infraestructura. Cada contrato direccionado reduce la competencia. Cada soborno encarece servicios. Cada funcionario que utiliza su cargo para beneficiar intereses particulares debilita la confianza en las instituciones.
Y hay una consecuencia todavía más grave: la corrupción perjudica especialmente a quienes menos recursos tienen para protegerse de ella.
Una familia acomodada puede buscar una alternativa privada cuando falla un servicio. Una familia sin recursos depende mucho más de que las instituciones públicas funcionen.
Por eso, la corrupción no es solamente un delito económico. También es una forma de injusticia institucional.
El discurso patriótico no cambia esa realidad. Tampoco lo hace una bandera partidaria.
Si un funcionario proclama que trabaja por los humildes, pero participa de una maniobra que perjudica al Estado, sus consignas no constituyen una defensa. Si un dirigente habla de libertad mientras utiliza su cargo para favorecer a un socio, la palabra libertad no funciona como certificado de inocencia.
La República necesita algo menos teatral: documentos, auditorías, controles, competencia, condenas cuando corresponda y recuperación de los activos obtenidos ilegalmente.
Porque el patriotismo que no tolera una auditoría se parece demasiado a un negocio que exige que nadie mire la contabilidad.
III. LOS MONTONEROS, EL ERP Y LA VIOLENCIA POLÍTICA
La historia argentina no puede comprenderse únicamente mediante la disputa entre partidos electorales. También debe examinarse la violencia ejercida por organizaciones armadas que pretendieron imponer sus proyectos políticos mediante secuestros, asesinatos y atentados.
Entre esas organizaciones estuvieron Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), con diferencias ideológicas, trayectorias y estructuras propias.
Montoneros se identificó con el peronismo revolucionario. El ERP, vinculado al Partido Revolucionario de los Trabajadores, defendía una estrategia revolucionaria marxista. Ambas organizaciones recurrieron a la violencia armada y protagonizaron hechos que deben estudiarse sin romanticismo ni indulgencias.
El asesinato del exdictador Pedro Eugenio Aramburu en 1970 fue reivindicado por Montoneros. La organización también asumió la responsabilidad por el asesinato del dirigente sindical José Ignacio Rucci en septiembre de 1973, dos días antes de las elecciones presidenciales en las que Perón resultó elegido.
Rucci era un dirigente central de la CGT y un aliado político de Perón. Su asesinato profundizó la fractura dentro del propio movimiento peronista.
En 1974, el ERP secuestró al empresario Jorge y al gerente Heinrich Sallustro, directivo de la empresa Fiat, quien fue asesinado durante el cautiverio. El caso se convirtió en uno de los episodios más notorios de secuestro y violencia política de aquella etapa.
Montoneros también protagonizó el secuestro de los hermanos Juan y Jorge Born en 1974. La operación incluyó el asesinato de Alberto Bosch y Juan Carlos Pérez, empleados de la empresa, y culminó con el pago de un rescate extraordinario.
En 1975, el ERP atacó el Batallón de Arsenales Domingo Viejobueno, en Monte Chingolo, en una operación que terminó con numerosas víctimas. El ataque fue una de las acciones militares más importantes de esa organización.
Estos episodios no agotan la lista de víctimas de la violencia de las organizaciones armadas. Hubo militares, policías, funcionarios, empresarios, sindicalistas y civiles asesinados en distintos atentados y enfrentamientos. Para establecer un inventario exhaustivo hacen falta registros caso por caso, con fechas, nombres, circunstancias y atribución documentada de responsabilidades.
No sería serio inventar un total único de víctimas ni sumar indiscriminadamente muertos en combate, asesinatos deliberados, víctimas de atentados y personas fallecidas en circunstancias diferentes.
Pero una conclusión no depende de resolver cada discusión estadística: ninguna causa política convierte el asesinato de una persona en un acto moralmente aceptable.
La lucha revolucionaria no otorgaba a Montoneros o al ERP el derecho a decidir quién debía vivir, quién debía morir o qué proyecto político tenía que imponerse por la fuerza.
Tampoco puede aceptarse la idea de que las víctimas civiles fueran daños insignificantes en una supuesta marcha inevitable hacia una sociedad ideal.
La vida humana no es material descartable para una revolución.
Y aquí aparece una de las contradicciones más dolorosas de la Argentina: organizaciones que afirmaban actuar en nombre del pueblo recurrieron a métodos que negaban a otras personas el derecho elemental a vivir sin ser convertidas en objetivos políticos.
No hay justicia social en un secuestro. No hay emancipación en un asesinato. No hay democracia en la imposición armada de una doctrina.
Estudiar esos crímenes tampoco significa justificar los cometidos por el Estado.
La condena de los asesinatos perpetrados por organizaciones armadas es compatible con la condena de la desaparición forzada, la tortura y las ejecuciones ilegales cometidas por agentes estatales. Son responsabilidades distintas, que deben analizarse con sus pruebas, sus contextos y sus correspondientes marcos jurídicos.
La democracia no necesita elegir qué víctima merece memoria según la ideología de quien la mató.
Necesita reconocer a las víctimas sin convertirlas en propiedad exclusiva de una tribuna.
IV. EL PERONISMO EN EL PODER: LAS CONTRADICCIONES DE UNA FAMILIA POLÍTICA
El peronismo atravesó gobiernos muy diferentes y reunió corrientes que no siempre compartieron un mismo programa económico o una misma visión institucional.
Por eso, sería incorrecto atribuir automáticamente a todos los peronistas las decisiones de cada administración o responsabilizar a millones de votantes por los delitos de funcionarios concretos.
Pero tampoco sería honesto impedir el examen crítico de las experiencias de gobierno que se desarrollaron bajo esa identidad política.
El primer peronismo amplió derechos sociales y fortaleció a los sindicatos, pero también protagonizó conflictos graves con la oposición y la prensa.
El tercer gobierno de Perón tuvo que afrontar una violencia política creciente, enfrentamientos dentro de su propio movimiento y una crisis económica que se agravó después de su muerte, en julio de 1974.
Durante la presidencia de Isabel Perón, la violencia política y la represión paraestatal adquirieron una dimensión especialmente grave. La organización conocida como Triple A, vinculada a sectores del aparato estatal y al entorno de José López Rega, fue responsable de una campaña de amenazas, atentados y asesinatos contra opositores políticos, militantes y otras personas consideradas enemigas.
Ese período debe analizarse con rigor documental, sin borrar responsabilidades por conveniencia partidaria ni presentar todas las actuaciones de sus protagonistas como si fueran idénticas.
Décadas más tarde, el menemismo impulsó privatizaciones y reformas económicas, mientras su administración quedó asociada a escándalos como el caso IBM-Banco Nación y otras controversias sobre contratos públicos y corrupción.
Durante los gobiernos kirchneristas, las investigaciones judiciales sobre obra pública, contratación estatal, transporte y presuntos pagos ilegales a funcionarios alcanzaron una dimensión extraordinaria.
En todos esos casos, el criterio debería ser el mismo: investigar hechos concretos, respetar el debido proceso y establecer responsabilidades individuales.
Un partido no es una persona, y una identidad política no constituye una prueba judicial. Pero tampoco puede utilizarse como escudo para impedir que se investigue a quienes ejercieron el poder en su nombre.
La pregunta relevante es si las instituciones fueron capaces de controlar a los gobernantes.
Cuando la respuesta es negativa, el costo lo paga la sociedad entera.
V. VIALIDAD: CUANDO LA OBRA PÚBLICA TERMINA EN LOS TRIBUNALES
Uno de los casos judiciales más importantes de la historia argentina reciente fue la causa Vialidad, vinculada con la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz a empresas de Lázaro Báez.
En diciembre de 2022, un tribunal oral condenó a Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. En noviembre de 2024, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó esa condena y, el 10 de junio de 2025, la Corte Suprema de Justicia dejó firme la sentencia. La expresidenta fue condenada por su responsabilidad penal en el delito de administración fraudulenta; la condena no equivale a una declaración judicial de culpabilidad por cualquier otro hecho investigado en causas diferentes. https://www.fiscales.gob.ar/fiscalias/causa-vialidad-confirmaron-la-condena-a-la-expresidenta-cristina-fernandez-y-a-otros-funcionarios-por-administracion-fraudulenta/; https://www.lanacion.com.ar/politica/que-paso-con-cristina-kirchner-nid10062025/
El caso examinó irregularidades en la asignación de contratos viales y el perjuicio ocasionado al Estado. No fue una discusión abstracta sobre si el Estado debía construir rutas: fue un proceso judicial sobre cómo se administraron fondos públicos y qué responsabilidades correspondían a los funcionarios y empresarios involucrados.
La diferencia es esencial.
La obra pública puede ser necesaria para el desarrollo. Pero precisamente porque moviliza grandes cantidades de dinero, requiere procedimientos transparentes, competencia efectiva, controles independientes y rendición de cuentas.
Una ruta no debería ser una recompensa partidaria. Una licitación no debería funcionar como una ventanilla de privilegios. Un contrato público no debería convertirse en un instrumento para consolidar relaciones personales entre quienes deciden y quienes cobran.
La infraestructura debe evaluarse por su utilidad, su costo, su calidad y el cumplimiento de los contratos.
No por la cantidad de veces que el funcionario aparece cortando una cinta.
La cinta inaugural es barata. La obra mal ejecutada la pagan los ciudadanos durante años.
VI. CICcone: LA IMPRENTA, EL VICEPRESIDENTE Y LA CONFIANZA PÚBLICA
En agosto de 2018, el Tribunal Oral Federal N.º 4 condenó al exvicepresidente Amado Boudou a cinco años y diez meses de prisión por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública, en el marco de la causa vinculada con la adquisición de la empresa Ciccone Calcográfica.
El tribunal también impuso penas a otros involucrados. La Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas. https://www.fiscales.gob.ar/fiscalias/condenaron-a-amado-boudou-a-la-pena-de-5-anos-y-10-meses-de-prision-por-cohecho-y-negociaciones-incompatibles-con-la-funcion-publica/; https://www.cij.gov.ar/nota-35201-La-C-mara-Federal-de-Casaci-n-Penal-confirm--condenas-por-la-causa-Ciccone.html
La causa tuvo un enorme impacto institucional porque involucró a una persona que había llegado a la vicepresidencia de la Nación.
La pregunta que deja es más importante que cualquier chicana partidaria: ¿qué sucede cuando quienes tienen la obligación de proteger el interés público quedan involucrados en maniobras destinadas a favorecer intereses particulares?
La respuesta es sencilla en términos republicanos, aunque resulte incómoda para las estructuras partidarias: el cargo no puede funcionar como salvoconducto.
La autoridad pública debe elevar el estándar de responsabilidad de una persona, no reducirlo.
Un ciudadano puede equivocarse al elegir a un candidato. Una institución no debería equivocarse al interpretar que una función pública concede privilegios para actuar al margen de la ley.
La política argentina necesita abandonar esa costumbre por la cual el funcionario de nuestro sector es inocente hasta cuando una sentencia demuestra su responsabilidad, mientras el adversario es considerado culpable antes de que termine la investigación.
La Justicia no puede funcionar con dos balanzas: una para los propios y otra para los ajenos.
VII. LOS CUADERNOS: LA SOSPECHA DE UN SISTEMA DE RECAUDACIÓN ILEGAL
La causa conocida como Cuadernos investigó presuntos pagos ilegales de empresarios a funcionarios a cambio de beneficios en contratos públicos.
Según la acusación fiscal, el esquema habría operado entre 2003 y 2015 e involucrado a funcionarios, empresarios y personas que actuaban como intermediarias. La investigación reunió distintas líneas relacionadas con obra pública, transporte, ferrocarriles y corredores viales.
El juicio oral comenzó en noviembre de 2025 y comprendió a Cristina Fernández de Kirchner y decenas de otros acusados. Al describir este expediente es indispensable distinguir entre las imputaciones de la fiscalía y las responsabilidades que los tribunales determinen para cada acusado. La apertura de un juicio no constituye por sí misma una condena. https://www.fiscales.gob.ar/fiscalias/causa-cuadernos-comienza-el-juicio-a-la-expresidenta-cristina-fernandez-y-otros-86-imputados-por-hechos-de-corrupcion/
El expediente puso bajo examen una cuestión central para cualquier democracia: la posibilidad de que las decisiones administrativas sobre contratos y concesiones se utilicen para obtener pagos ilegales.
Si una empresa paga sobornos para conseguir una obra, el problema no termina en el dinero entregado. También aparece la pregunta sobre la calidad de la competencia, el precio final, las condiciones del contrato y el perjuicio que podría sufrir el Estado.
Una licitación amañada perjudica a las empresas que compiten legalmente y puede terminar trasladando sus costos al contribuyente.
La corrupción, además, crea un mercado perverso: el empresario ya no necesita ofrecer el mejor servicio, sino desarrollar la mejor relación con el funcionario que decide.
En ese sistema, el mérito pierde terreno frente al contacto, la eficiencia frente al privilegio y la competencia frente al acuerdo.
Es la antítesis de una economía productiva.
El empresario honesto invierte, arriesga, contrata trabajadores y compite. El empresario que busca privilegios políticos pretende obtener mediante una relación de poder lo que no consigue mediante productividad.
Y el funcionario corrupto transforma la autoridad pública en una mercancía.
No se trata de afirmar que todos los empresarios son corruptos ni que todos los contratos públicos son fraudulentos. Se trata de exigir que cada contratación pueda resistir una auditoría independiente y una explicación pública.
El dinero del contribuyente no debe depender de la confianza personal que inspire un dirigente.
Debe depender de reglas verificables.
VIII. SKANSKA Y ODEBRECHT: LOS CONTRATOS TAMBIÉN DEBEN RENDIR CUENTAS
Los casos vinculados con grandes obras de infraestructura mostraron que la contratación estatal puede convertirse en un espacio de enorme riesgo cuando faltan controles suficientes.
En julio de 2026, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 4 condenó a cinco años de prisión al exministro Julio De Vido, al exsecretario de Obras Públicas José López y al exgerente de Nación Fideicomisos Néstor Ulloa en el caso Skanska, relacionado con irregularidades en contratos para la construcción de gasoductos. La sentencia también alcanzó a directivos y gerentes empresariales con penas diferenciadas. https://www.fiscales.gob.ar/corrupcion/caso-skanska-condenaron-a-5-anos-de-prision-al-exministro-julio-de-vido-y-al-exsecretario-de-obras-publicas-jose-lopez/
En junio de 2026, otro tribunal condenó a De Vido y al exsecretario de Energía Daniel Cameron a tres años de prisión de ejecución condicional por negociaciones incompatibles vinculadas con la adjudicación de obras de ampliación de gasoductos a Odebrecht. El fallo también impuso una pena al exsubsecretario de Combustibles Cristian Folgar. https://www.fiscales.gob.ar/corrupcion/causa-odebrecht-condenaron-a-3-anos-de-prision-a-de-vido-y-cameron-por-negociaciones-incompatibles-al-adjudicarle-a-la-firma-obras-de-ampliacion-de-dos-gasoductos/
Estos hechos no deben mezclarse como si fueran una única causa: cada expediente tiene sus propias pruebas, conductas investigadas y decisiones judiciales.
Pero, considerados en conjunto, invitan a examinar una pregunta institucional: ¿qué controles existen para evitar que la adjudicación de obras se transforme en una relación de privilegios entre funcionarios y contratistas?
La respuesta no puede limitarse a anunciar nuevas oficinas o redactar códigos de ética que nadie verifica.
Se necesitan licitaciones abiertas, datos públicos accesibles, trazabilidad de las decisiones, declaraciones patrimoniales controlables, auditorías independientes y sanciones efectivas.
También se necesita una cultura empresarial que deje de considerar la cercanía al poder como una ventaja competitiva legítima.
En una economía sana, una empresa debería prosperar por lo que produce, por el precio que ofrece, por su innovación y por la calidad de su trabajo.
No por la cantidad de teléfonos de funcionarios que tiene guardados.
La sátira es inevitable: en la Argentina, a veces parece que para construir un gasoducto hace falta primero construir una red de relaciones políticas.
Y esa es precisamente la clase de red que una República debe desarmar.
IX. EL DINERO ROBADO: POR QUÉ LOS GRANDES NÚMEROS EXIGEN PRUDENCIA
Cada vez que se discute la corrupción argentina, aparece una cifra espectacular. Se habla de fortunas desaparecidas, miles de millones de dólares, bolsos, propiedades, empresas, cuentas y patrimonios supuestamente ocultos.
Algunas investigaciones documentan operaciones concretas. Otras contienen estimaciones de perjuicios económicos. En otros casos, las cifras circulan sin una metodología verificable.
Para escribir una investigación seria hay que distinguir, al menos, cinco conceptos:
Monto investigado: dinero o bienes que forman parte del objeto de una causa.
Perjuicio estimado: cálculo del daño económico atribuido a una conducta.
Monto probado judicialmente: suma cuya relación con el hecho quedó acreditada conforme al proceso correspondiente.
Bienes decomisados o recuperados: activos alcanzados por una decisión judicial o efectivamente restituidos.
Patrimonio atribuido a una persona: riqueza que no necesariamente procede de un delito.
No son categorías intercambiables.
Sumar el monto de una licitación, una estimación fiscal, el patrimonio de un acusado y una cifra periodística como si todo fuera dinero robado conduce a una conclusión engañosa.
El resultado puede impresionar en redes sociales, pero no resiste una investigación rigurosa.
El objetivo debería ser mucho más exigente: reconstruir qué dinero salió del Estado, mediante qué contrato, qué funcionario intervino, qué empresa cobró, qué irregularidad se acreditó y qué parte del perjuicio fue reconocida judicialmente.
También hay que seguir el recorrido de los activos: qué se embargó, qué se decomisó, qué se recuperó y qué permanece pendiente.
Ese trabajo es más difícil que publicar una cifra redonda con muchos ceros.
Pero el periodismo no está para fabricar números que satisfagan a una tribuna. Está para comprobarlos.
La corrupción puede ser denunciada con dureza sin abandonar la precisión.
Y, de hecho, cuanto más grave es la acusación, mayor debe ser el cuidado con las pruebas.
X. EL COSTO QUE NO APARECE EN EL EXPEDIENTE
La corrupción no se mide solamente en el dinero que una sentencia identifica.
También existe un costo social que resulta más difícil de calcular: la inversión que no llega, el servicio que funciona mal, la competencia que desaparece, el empleo que no se crea y la confianza que se pierde.
Cuando una licitación se direcciona, una empresa eficiente puede quedar afuera. Cuando una obra se encarece artificialmente, el Estado dispone de menos recursos para otras necesidades. Cuando los funcionarios utilizan el presupuesto para consolidar alianzas, los ciudadanos dejan de ser el centro de la política pública.
El costo también alcanza a la reputación del país.
Un inversor que no puede anticipar las reglas, una empresa que no confía en la igualdad ante la ley o un emprendedor que sospecha que el éxito depende de una relación política tienen menos incentivos para comprometer capital a largo plazo.
Esto no significa que toda dificultad económica provenga de la corrupción. Sería una explicación demasiado cómoda para un problema mucho más complejo.
Pero sí significa que la corrupción puede agravar las debilidades institucionales, reducir la eficiencia del gasto y perjudicar la confianza necesaria para invertir y producir.
El ciudadano termina pagando varias veces: primero mediante los impuestos; después mediante servicios deficientes; y finalmente mediante la pérdida de oportunidades económicas.
Mientras tanto, el discurso oficial cambia según el gobierno.
Unos hablan de justicia social. Otros, de reconstrucción nacional. Otros, de modernización. Otros, de libertad.
La pregunta que nunca debería cambiar es esta: ¿dónde están las pruebas de que el dinero público se utilizó correctamente?
La ideología puede orientar una política. No puede reemplazar una auditoría.
XI. TODOS LOS GOBIERNOS DEBEN SER MEDIDOS CON LA MISMA REGLA
La crítica a la corrupción pierde credibilidad cuando se transforma en una herramienta para atacar solamente al adversario.
Si un funcionario peronista comete un delito, debe responder por él. Si lo hace un radical, debe responder. Si lo hace un liberal, un socialista, un conservador o un dirigente de una coalición nueva, la obligación es idéntica.
La ley no debería reconocer jerarquías morales según el color de una boleta electoral.
Tampoco corresponde atribuir delitos a todos los integrantes de un partido porque uno de sus miembros haya sido condenado.
La responsabilidad penal es individual. La responsabilidad política, por su parte, exige evaluar decisiones, controles, nombramientos, omisiones y conductas concretas.
Esa distinción no suaviza la crítica. La hace más sólida.
Una democracia necesita oposición, pero también necesita una oposición capaz de exigir transparencia sin reproducir los mismos mecanismos que denuncia.
Necesita oficialismos que acepten auditorías sin interpretarlas como ataques personales.
Necesita empresarios dispuestos a competir bajo reglas iguales.
Necesita sindicatos que representen a los trabajadores y no solamente a sus conducciones.
Necesita periodistas capaces de investigar a quienes les resultan ideológicamente cercanos.
Y necesita ciudadanos que no conviertan la defensa de un dirigente en una obligación superior a la defensa de las instituciones.
La corrupción no desaparece cuando cambia el partido que administra el Estado.
Desaparece cuando disminuyen las oportunidades de cometerla, aumenta la probabilidad de descubrirla y existen consecuencias efectivas para quienes la cometen.
El cambio de nombres no basta.
Sin controles, el nuevo administrador puede terminar utilizando las mismas herramientas que criticaba cuando estaba en la oposición.
La verdadera transformación consiste en cambiar las reglas que hacen posible el abuso.
XII. LA LIBERTAD ECONÓMICA NO ES UNA LICENCIA PARA EL PRIVILEGIO
Desde una perspectiva liberal, el problema del Estado no se resuelve simplemente haciéndolo más grande o más pequeño. Se resuelve delimitando sus funciones, mejorando su eficiencia y sometiendo sus decisiones a reglas claras.
Un Estado puede ser más reducido y seguir siendo corrupto. También puede administrar servicios necesarios con transparencia y controles eficaces.
La discusión importante es cómo impedir que el poder público se convierta en una fuente de privilegios particulares.
Juan Bautista Alberdi ofrece una referencia central para esa reflexión. Su crítica a la omnipotencia estatal invita a recordar que la libertad individual y la seguridad jurídica son condiciones fundamentales para el desarrollo de una sociedad.
Frédéric Bastiat, por su parte, examinó cómo los intereses particulares pueden intentar obtener beneficios mediante la intervención política en lugar de producir valor mediante intercambios voluntarios.
Estas ideas no eximen al sector privado de responsabilidades. Al contrario: una economía libre necesita empresarios que compitan, respeten los contratos y no pretendan utilizar al Estado para bloquear a sus rivales.
El capitalismo de privilegios no es una defensa de la libertad económica.
Cuando una empresa consigue beneficios mediante conexiones políticas, barreras artificiales o contratos amañados, no está demostrando superioridad productiva. Está aprovechando una distorsión institucional.
El empresario que necesita un funcionario para impedir la competencia tiene un problema distinto del empresario que necesita mejores trabajadores, tecnología y productividad para competir.
El primero busca protección. El segundo busca crear valor.
Una Argentina más próspera necesita premiar el mérito, no la cercanía al poder; la innovación, no el contacto; el trabajo productivo, no la capacidad de negociar excepciones.
Y eso exige reformas que sobrevivan a los gobiernos: reglas previsibles, justicia independiente, impuestos comprensibles, competencia efectiva, contratación transparente y una administración pública profesional.
La libertad económica no consiste en permitir que los poderosos hagan cualquier cosa.
Consiste en impedir que cualquier poderoso —político o privado— pueda colocarse por encima de la ley.
XIII. LA JUSTICIA: SIN IMPUNIDAD, PERO TAMPOCO SIN GARANTÍAS
La lucha contra la corrupción exige una Justicia que investigue con independencia, actúe dentro de plazos razonables y resuelva con fundamento.
Una causa no debería archivarse por la influencia política del acusado. Pero tampoco debería convertirse en una condena anticipada por la presión de las redes sociales.
La presunción de inocencia, el derecho de defensa y la valoración de las pruebas no son regalos para los poderosos. Son garantías que protegen a cualquier ciudadano frente al uso arbitrario del poder.
Si una persona es condenada mediante una sentencia firme, corresponde informar la condena y explicar sus fundamentos. Si una investigación sigue abierta, corresponde decirlo. Si una persona fue absuelta, corresponde respetar ese resultado.
La precisión no es una concesión al acusado. Es una obligación del periodismo.
También hay que discutir la duración de los procesos, la eficacia de los mecanismos de recuperación de activos y la capacidad de los organismos de control para prevenir daños antes de que sea demasiado tarde.
Una Justicia que llega décadas después puede establecer responsabilidades históricas, pero no siempre consigue reparar por completo el perjuicio sufrido por la sociedad.
La prevención importa tanto como la sanción.
El mejor sistema anticorrupción no es aquel que produce las condenas más espectaculares. Es aquel que reduce las posibilidades de que un funcionario pueda apropiarse de recursos públicos sin ser descubierto.
La impunidad destruye confianza. La arbitrariedad también.
Una República necesita derrotar a ambas.
XIV. EL CONTRATO MORAL QUE LA ARGENTINA DEBE RECONSTRUIR
El país necesita una transformación que vaya más allá de la alternancia electoral.
Necesita recuperar la idea de que un cargo público es una responsabilidad temporal, no una propiedad personal.
Necesita que las compras estatales sean abiertas y comparables, que los contratos puedan consultarse, que las auditorías tengan independencia y que las declaraciones patrimoniales permitan detectar inconsistencias.
Necesita que las empresas públicas rindan cuentas, que los subsidios tengan objetivos verificables y que las políticas sociales sean evaluadas por sus resultados, no por la cantidad de fotografías que producen.
Necesita que los sindicatos protejan a los trabajadores y que los dirigentes sindicales también rindan cuentas.
Necesita que la política deje de tratar el presupuesto como una caja de recursos disponibles para premiar aliados.
Y necesita que el sector privado comprenda que el éxito basado en privilegios políticos no es una victoria del mérito.
La modernización institucional requiere, además, una administración pública profesional, concursos transparentes, sistemas de compras auditables y protección para quienes denuncian irregularidades de buena fe.
No alcanza con prometer tolerancia cero.
La tolerancia cero debe traducirse en mecanismos concretos: investigaciones independientes, sanciones proporcionales, recupero de activos y transparencia sobre los resultados.
El ciudadano merece saber qué se hizo con su dinero.
No es una exigencia radical. Es lo mínimo que puede pedir quien financia al Estado.
XV. REFLEXIÓN FINAL DE PABLO NICOLÁS CASTIGNANI
La tragedia argentina no consiste únicamente en haber tenido dirigentes corruptos, organizaciones armadas, gobiernos autoritarios o administraciones ineficientes.
Consiste también en haber desarrollado, una y otra vez, mecanismos culturales para justificar a los propios y condenar exclusivamente a los ajenos.
Cuando el acusado pertenece a nuestro espacio, pedimos prudencia. Cuando pertenece al adversario, exigimos una condena inmediata.
Cuando una organización armada reivindica una causa que compartimos, aparecen las explicaciones históricas. Cuando el crimen lo comete el enemigo, desaparecen los matices.
Cuando un gobierno aumenta el gasto que defendemos, hablamos de derechos. Cuando lo aumenta el adversario, hablamos de despilfarro.
Cuando nuestro dirigente incumple una promesa, invocamos la herencia recibida. Cuando incumple el otro, descubrimos repentinamente la importancia de la responsabilidad política.
Así no se construye una República. Se construye una hinchada.
Y una hinchada puede llenar una tribuna, pero no necesariamente sabe administrar un presupuesto, investigar un delito o diseñar una política pública eficaz.
La Argentina necesita superar esa lógica.
No se trata de borrar las conquistas sociales del peronismo, negar los aportes de otras tradiciones políticas ni convertir al liberalismo en una nueva religión partidaria. Se trata de evaluar a cada gobierno por sus resultados, sus decisiones y su respeto por la ley.
Tampoco se trata de equiparar indiscriminadamente todos los crímenes. El asesinato cometido por una organización armada, la desaparición forzada ejecutada por agentes estatales y el robo de fondos públicos son hechos diferentes, con responsabilidades y consecuencias jurídicas propias. Reconocer esas diferencias es una condición de la honestidad intelectual, no una excusa para minimizar ninguno.
Las víctimas no deben convertirse en instrumentos de propaganda. Los contribuyentes no deben financiar privilegios. Los trabajadores no deben ser utilizados como decoración de discursos. Los empresarios no deben comprar ventajas mediante conexiones políticas. Los funcionarios no deben confundir autoridad con impunidad.
Y los ciudadanos no deberían tener que elegir entre defender sus convicciones y defender la verdad.
La historia argentina ofrece suficientes advertencias para comprender que ningún dirigente es indispensable, que ningún movimiento es dueño de la patria y que ningún proyecto político puede reclamar inmunidad frente a la crítica.
El poder necesita límites precisamente porque sus integrantes son seres humanos, con intereses, ambiciones y posibilidades de equivocarse o abusar de sus funciones.
Por eso, una sociedad libre no deposita todas sus esperanzas en encontrar al próximo salvador. Construye instituciones que impidan que cualquier salvador se convierta en dueño de la sociedad.
La verdadera reforma argentina no consiste solamente en modificar impuestos, reducir gastos, ampliar mercados o cambiar funcionarios. También exige reconstruir una cultura de responsabilidad individual, respeto por la ley y rechazo de los privilegios.
Hay que defender el mérito sin convertirlo en soberbia; la libertad sin confundirla con impunidad; la justicia social sin transformarla en clientelismo; la seguridad sin abandonar las garantías; y la memoria histórica sin seleccionar víctimas por conveniencia política.
Una nación no se vuelve próspera porque sus dirigentes repitan que aman al pueblo. Se vuelve más próspera cuando sus instituciones permiten que las personas trabajen, produzcan, estudien, emprendan y vivan bajo reglas que se cumplen.
El ciudadano no necesita que un político lo ame. Necesita que lo respete.
No necesita un gobernante que se proclame patriota. Necesita que administre correctamente los recursos públicos.
No necesita que un partido se declare dueño de la justicia social. Necesita oportunidades reales, servicios que funcionen y derechos protegidos.
No necesita que le expliquen eternamente quién tuvo la culpa. Necesita que los responsables rindan cuentas y que los errores no se repitan.
Y no necesita una nueva guerra de fanatismos. Necesita una República capaz de sobrevivir a todos ellos.
La corrupción no tiene una sola bandera. La violencia política no pertenece a una sola época. El autoritarismo no es patrimonio exclusivo de una ideología. La incompetencia no desaparece con un cambio de gobierno.
Por eso, la vigilancia ciudadana debe ser permanente y las reglas deben ser iguales para todos.
Si un funcionario roba, que responda ante la Justicia. Si un empresario paga sobornos, que responda. Si una organización asesina en nombre de una revolución, que sus crímenes sean investigados. Si un agente estatal viola la ley, que también responda. Si un gobierno manipula instituciones, que existan controles capaces de detenerlo.
Sin excepciones ideológicas.
Sin santos políticos.
Sin impunidad selectiva.
Y sin la infantil esperanza de que el próximo dirigente, por el simple hecho de ser nuestro, resulte moralmente superior.
La Argentina tiene recursos, talento, trabajadores, científicos, emprendedores y una sociedad capaz de producir mucho más de lo que sus crisis recurrentes le han permitido.
Lo que necesita es dejar de premiar la lealtad ciega y comenzar a premiar la responsabilidad; dejar de proteger al poderoso por su identidad política y comenzar a exigirle resultados; dejar de confundir el Estado con el partido y comenzar a tratarlo como lo que debe ser: una institución al servicio de los ciudadanos.
Porque la patria no es un dirigente, una familia política, una organización armada ni una consigna electoral.
La patria es la comunidad de ciudadanos que merece vivir bajo leyes justas, instituciones confiables y oportunidades reales.
Y si alguna vez queremos que la Argentina sea verdaderamente próspera, tendremos que aceptar una verdad elemental: ningún relato, por emocionante que sea, puede reemplazar la evidencia; ningún ideal, por noble que parezca, justifica un crimen; y ninguna victoria electoral concede el derecho a disponer de lo que pertenece a todos.
El poder no necesita más aplausos. Necesita controles. La política no necesita más fanáticos. Necesita ciudadanos. Y la Argentina no necesita otro salvador: necesita una República en la que nadie sea lo suficientemente poderoso como para quedar por encima de la ley.
Pablo Nicolás Castignani
Periodismo histórico, crítica política y reflexión republicana.
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