UNIVERSIDAD PÚBLICA, PATRIA Y LIBERTAD: EL MÉRITO FRENTE AL NEGOCIO DE LOS PRIVILEGIOS

 UNIVERSIDAD PÚBLICA, PATRIA Y LIBERTAD: EL MÉRITO FRENTE AL NEGOCIO DE LOS PRIVILEGIOS

Una reflexión de Pablo Nicolás Castignani | Periodismo de opinión

Por una Argentina libre, próspera, republicana y orgullosa de su bandera.

Hay imágenes que valen más que cien discursos parlamentarios. Una persona sosteniendo la bandera argentina frente a una multitud puede despertar orgullo, incomodidad o rechazo. Pero cuando algunos dirigentes se preocupan más por desacreditar a quien levanta nuestra enseña patria que por discutir el futuro de la educación, la pregunta deja de ser universitaria y se convierte en una cuestión moral: ¿quiénes se arrogan el derecho de decidir quién puede representar a la Argentina?

La bandera no pertenece a un partido. No tiene dueño, afiliación sindical ni comité político. No necesita autorización de un rector, un ministro o un dirigente para flamear en las manos de un ciudadano.

Es el símbolo de una Nación que todavía tiene una deuda enorme con sus propios hijos: construir un país donde estudiar sirva para progresar, trabajar permita vivir con dignidad, emprender no sea una carrera de obstáculos burocráticos y el esfuerzo individual deje de ser tratado como una sospecha ideológica.

Y aquí comienza el espectáculo favorito de nuestra política: todos dicen amar al pueblo, todos invocan la patria, todos prometen defender a los trabajadores y todos aseguran que sus intenciones son nobles. Sin embargo, cuando llega la hora de explicar cómo administran los recursos, quién paga las cuentas y qué resultados obtuvieron, aparecen los silencios, las excusas y las famosas excepciones para los amigos.

¡Qué extraordinaria coincidencia! En la Argentina sobran patriotas de micrófono, revolucionarios con oficina permanente y defensores de los humildes que jamás parecen dispuestos a renunciar a sus propias comodidades.

El ciudadano común, mientras tanto, se levanta temprano, trabaja, produce, paga impuestos, intenta ahorrar y hace malabares para sostener a su familia. Ese ciudadano no necesita que un iluminado le explique durante cuatro décadas cómo debe sacrificarse por la patria. Necesita instituciones que funcionen, reglas previsibles, educación de calidad, seguridad jurídica y oportunidades para construir un futuro sin tener que pedirle permiso a un intermediario político.

Porque amar a la Argentina no consiste en repetir consignas. Consiste en trabajar para que sea un país mejor.

1. LA UNIVERSIDAD PÚBLICA NO ES UNA PROPIEDAD POLÍTICA

Defender la universidad pública no significa firmar un cheque en blanco a sus autoridades. Significa defender el conocimiento, la libertad intelectual, la investigación científica y la posibilidad de que un joven sin fortuna familiar pueda formarse, desarrollar su talento y mejorar su vida mediante el estudio.

La universidad argentina tiene una historia que merece respeto, pero también análisis crítico.

La Reforma Universitaria de 1918, nacida en Córdoba, cuestionó estructuras cerradas y reclamó una transformación de la vida universitaria. En 1949, durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón, el Decreto 29.337 estableció la gratuidad de los estudios universitarios para los estudiantes. A lo largo de las décadas siguientes, la educación superior argentina atravesó cambios institucionales, expansiones, retrocesos y disputas políticas que no pueden reducirse a la propaganda de ningún gobierno.

La historia nacional es mucho más grande que cualquier presidente, partido o movimiento.

La universidad fue construida por generaciones de profesores, científicos, trabajadores, estudiantes y ciudadanos que entendieron que el conocimiento podía convertirse en una herramienta de progreso.

Por eso resulta inadmisible que una corriente política pretenda apropiarse de ella como si fuera una sucursal partidaria.

Una universidad no es verdaderamente pública porque sus autoridades pronuncien la palabra «pueblo». Es pública cuando sirve a la sociedad, forma profesionales competentes, produce conocimiento, administra responsablemente sus recursos y abre oportunidades reales.

Y una universidad tampoco pierde su valor público porque alguien pregunte cuánto cuesta, cómo se administra o qué resultados obtiene.

El control no es sinónimo de persecución. La auditoría no es sinónimo de destrucción. La transparencia no es una declaración de guerra contra los docentes.

Son exigencias elementales de una república.

Si un rector gestiona bien, que presente sus cuentas con orgullo. Si una facultad obtiene resultados extraordinarios, que los exhiba. Si un investigador desarrolla un descubrimiento importante, que reciba reconocimiento y recursos para continuar. Pero si una autoridad pretende convertir la autonomía universitaria en un escudo contra cualquier pregunta, corresponde recordar que la autonomía protege la libertad académica y el autogobierno institucional, no una supuesta inmunidad frente a las obligaciones legales.

La autonomía no es impunidad. La excelencia no se decreta. Y el prestigio de una institución no debería utilizarse para evitar que se examine la conducta de quienes la conducen.

2. LOS ESTUDIANTES MERECEN OPORTUNIDADES, NO TUTORES POLÍTICOS

Hay una costumbre profundamente arraigada en la política argentina: descubrir que los jóvenes son el futuro de la patria cada vez que hace falta llenar una plaza.

Cuando hay que marchar, los estudiantes representan la esperanza. Cuando hay que defender un presupuesto, se convierten en protagonistas de una epopeya. Cuando hay que enfrentar al adversario, aparecen las banderas, las consignas y las fotografías cuidadosamente encuadradas.

Pero cuando llega la hora de discutir la calidad educativa, las tasas de graduación, la duración de las carreras, las condiciones de investigación, la inserción laboral de los egresados y la administración de los recursos, el entusiasmo por las soluciones concretas parece perder volumen.

Para la fotografía, los jóvenes adelante. Para las explicaciones incómodas, los dirigentes detrás del escritorio.

¡Qué casualidad tan conmovedora!

Aclaremos algo: no todos los dirigentes universitarios actúan de la misma manera, no todos los sindicatos responden a una estrategia partidaria y no todos los estudiantes que participan de una movilización son manipulados. Generalizar sería tan injusto como acusar de ignorante a cualquiera que cuestione una política universitaria.

Precisamente por eso debemos distinguir.

Hay docentes que dedican su vida a enseñar, investigadores que trabajan con recursos insuficientes y estudiantes que hacen esfuerzos enormes para sostener sus carreras. Hay autoridades honestas que necesitan mejores herramientas de gestión y trabajadores que merecen salarios acordes con su tarea.

Respetarlos significa exigir que el sistema funcione, no convertirlos en argumentos para silenciar cualquier debate.

Un estudiante no debería necesitar un padrino político para acceder a una oportunidad. Un investigador no debería tener que militar para conseguir reconocimiento. Un docente no debería tener que aplaudir a un funcionario para defender su salario.

Y un joven con talento tampoco debería descubrir que su principal competencia no es el conocimiento, sino la capacidad de conseguir contactos.

El mérito no consiste en negar que existen desigualdades de origen. Consiste en construir condiciones para que el esfuerzo, la capacidad y la responsabilidad permitan superarlas.

La patria necesita estudiantes que aprendan a pensar, profesionales que resuelvan problemas y ciudadanos capaces de discutir sin obedecer ciegamente a una tribu.

No necesita generaciones condenadas a desfilar eternamente detrás de dirigentes que prometen un futuro brillante mientras administran las mismas frustraciones de siempre.

3. MILLONES EN LOS RECIBOS: QUE LOS DOCUMENTOS HABLEN

En el debate público circulan afirmaciones sobre remuneraciones mensuales de determinadas autoridades universitarias que superarían los 16 millones de pesos, así como cifras difundidas sobre la remuneración del presidente Javier Milei.

Esos números pueden provocar indignación, pero el periodismo serio no consiste en elegir la cifra más escandalosa, colocarla en letras gigantes y esperar que el enojo haga el resto del trabajo.

Consiste en verificar.

Para comparar remuneraciones hacen falta recibos oficiales, períodos equivalentes, cargos, dedicaciones, adicionales y una distinción clara entre ingresos brutos y netos. Sin esos documentos, las cifras deben tratarse como afirmaciones pendientes de comprobación, no como hechos definitivamente demostrados.

La cautela periodística no debilita la crítica. La vuelve más sólida.

Si una autoridad recibe una remuneración extraordinariamente elevada con fondos públicos, la sociedad tiene derecho a conocerla. Si existen adicionales, deben explicarse. Si hay incompatibilidades, corresponde investigarlas. Si los ingresos están debidamente justificados, que se documenten.

Y si se detectan irregularidades, deben intervenir los organismos competentes.

La misma vara debe aplicarse a un rector, un ministro, un legislador, un dirigente sindical o un presidente. La ideología no modifica las obligaciones de una persona que administra recursos ajenos.

Aquí aparece la hipocresía que atraviesa buena parte de nuestra vida pública: algunos convierten cualquier discusión presupuestaria en una tragedia social cuando afecta a su sector, pero reclaman paciencia republicana cuando las preguntas llegan a su propia oficina.

Para el trabajador, sacrificio. Para el estudiante, paciencia. Para el contribuyente, obligaciones. Para determinados círculos de poder, explicaciones interminables sobre por qué sus propias cuentas merecen un tratamiento especial.

¡Qué curioso concepto de igualdad!

La igualdad ante la ley no significa que todos deban ganar lo mismo. Significa que nadie debería disfrutar de privilegios arbitrarios, impunidad ni ventajas obtenidas mediante relaciones políticas.

Una remuneración elevada no prueba por sí sola que exista corrupción. Una remuneración baja tampoco garantiza honestidad.

Lo que permite evaluar una gestión es la documentación, la legalidad, la responsabilidad y la transparencia.

El dinero público exige rendición de cuentas pública. Sin excepciones ideológicas, sin fueros morales y sin privilegios disfrazados de causas nobles.

4. ALBERDI, SARMIENTO Y BELGRANO: LA PATRIA NO SE CONSTRUYE CON ESTAMPITAS

Conviene volver a las ideas de quienes comprendieron que la Argentina necesitaba mucho más que discursos para convertirse en una nación próspera.

Juan Bautista Alberdi ocupa un lugar fundamental en la tradición liberal argentina. En Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, reflexionó sobre las instituciones, la inmigración, la organización nacional y las condiciones necesarias para el desarrollo. Su obra constitucional se vinculó con la defensa de las libertades civiles, la seguridad jurídica y la apertura económica.

Su legado invita a una pregunta incómoda: ¿cómo puede prosperar una sociedad si la energía de sus habitantes se consume en superar obstáculos creados por las mismas instituciones que deberían protegerlos?

Alberdi comprendía la importancia de organizar un país capaz de atraer población, trabajo, capital y conocimientos. La Argentina necesita recuperar esa ambición: dejar de resignarse a la decadencia y volver a pensar en términos de producción, inversión, libertad y futuro.

Domingo Faustino Sarmiento hizo de la educación una cuestión central de su proyecto nacional. Su figura contiene contradicciones que merecen examen histórico, pero su preocupación por extender la enseñanza recuerda que ningún país puede construir prosperidad duradera si abandona la formación de sus ciudadanos.

Manuel Belgrano, militar, economista y protagonista de la independencia, también defendió la educación y reflexionó sobre la agricultura, el comercio y la producción. Su trayectoria representa una idea de patriotismo que va más allá de los símbolos: servir al país exige comprometerse con su desarrollo material y moral.

Y aquí conviene detenerse.

¿Qué significa honrar a nuestros próceres? ¿Memorizar sus nombres para utilizarlos como decoración en un discurso, o estudiar sus ideas para discutir qué Argentina queremos construir?

¿De qué sirve levantar un monumento a la libertad mientras se toleran privilegios? ¿De qué sirve invocar a Belgrano mientras se desprecia el trabajo productivo? ¿De qué sirve citar a Alberdi mientras se multiplican trabas que dificultan emprender, invertir, comerciar y contratar?

La historia no es una colección de estampitas para uso partidario.

Es una responsabilidad.

La patria se honra con instituciones libres, ciudadanos educados, trabajo honesto, respeto por la ley y una economía capaz de generar oportunidades.

5. EL ESTADO: SERVIDOR DE LOS CIUDADANOS, NO DUEÑO DE SUS VIDAS

Durante décadas, una parte importante de la dirigencia argentina difundió la idea de que ampliar el Estado equivalía automáticamente a ampliar los derechos.

Más oficinas significarían más soluciones. Más programas, más protección. Más funcionarios, más presencia. Más presupuesto, mejores resultados.

Sin embargo, la experiencia cotidiana demuestra que el tamaño de una estructura no garantiza su eficacia.

Un Estado puede gastar mucho y prestar servicios deficientes. Puede multiplicar formularios sin resolver problemas. Puede crear programas sin evaluar sus resultados. Puede anunciar que protege a los vulnerables mientras obliga a los ciudadanos a perder tiempo, dinero y dignidad para acceder a prestaciones esenciales.

Y puede convertir una necesidad social legítima en una estructura burocrática que aprende a sobrevivir incluso cuando no logra cumplir sus objetivos.

No se trata de afirmar que toda función estatal sea innecesaria. La seguridad, la justicia, la protección de derechos, las reglas generales y determinadas inversiones públicas requieren instituciones capaces de cumplir responsabilidades concretas.

Se trata de establecer un principio republicano: el Estado debe justificar sus acciones con resultados verificables, no con la nobleza de sus consignas.

El contribuyente no es un cajero automático de la política. Es un ciudadano con derechos, obligaciones y una legítima expectativa de que los recursos recaudados se administren responsablemente.

Cada peso utilizado por una institución pública tiene un costo de oportunidad: podría haberse destinado a otra necesidad, a inversión, a consumo familiar o al ahorro de quien lo produjo.

Por eso, gastar no equivale automáticamente a hacer el bien. La pregunta relevante es qué se obtiene, a qué costo y con qué consecuencias.

La universidad necesita financiamiento sostenible, previsibilidad y recursos para enseñar e investigar. Pero ese financiamiento debe acompañarse de controles, información comprensible y evaluación de resultados.

El contribuyente no debería verse obligado a elegir entre una universidad abandonada y una burocracia intocable.

Puede exigir ambas cosas al mismo tiempo: instituciones bien financiadas y administraciones responsables.

Y esta exigencia también alcanza al gobierno nacional.

Si el Ejecutivo propone reducir gastos, debe distinguir entre despilfarro y funciones esenciales. Si promete eficiencia, debe demostrar mejoras concretas. Si reclama sacrificios, debe explicar sus decisiones, respetar la ley y aceptar el examen público.

La austeridad puede ser necesaria para ordenar las cuentas, pero no constituye una virtud automática. Una reducción presupuestaria mal diseñada también puede destruir capacidades, retrasar investigaciones y debilitar servicios valiosos.

El equilibrio fiscal importa. La calidad del gasto importa. El crecimiento de la productividad importa.

Y también importa comprender que el éxito de una reforma no se mide por cuántos adversarios consigue enfurecer, sino por cuánto mejora la vida de los ciudadanos.

6. LIBRE COMERCIO: LA PATRIA NO NECESITA ADUANAS MENTALES

Aquí aparece una discusión que la Argentina ha postergado demasiadas veces: la relación entre libertad económica, comercio internacional y prosperidad nacional.

Durante años, determinados sectores políticos presentaron el comercio exterior como una amenaza permanente, la competencia como un enemigo y la protección estatal como una solución capaz de perpetuarse indefinidamente.

Con el argumento de defender la industria nacional, se instalaron mecanismos que, en ocasiones, encarecieron insumos, limitaron opciones, dificultaron el acceso a tecnología y trasladaron costos a consumidores y productores.

El resultado de una política comercial no debe juzgarse por la solemnidad de su discurso patriótico, sino por sus consecuencias.

Si una empresa necesita protección temporal para adaptarse, invertir y mejorar su productividad, esa política debe evaluarse con criterios transparentes, objetivos y plazos definidos. Pero si una protección se convierte en una barrera permanente para que los ciudadanos paguen más y tengan menos opciones, hay que preguntar quién se beneficia realmente.

¿El trabajador que necesita productos más accesibles? ¿El pequeño empresario que importa maquinaria para producir mejor? ¿El consumidor que quiere elegir? ¿O un grupo de intereses que aprendió a convertir una restricción en una renta?

¡Qué fenómeno tan curioso! Algunos descubren que el libre comercio es una amenaza cuando tienen que competir, pero descubren las virtudes de la competencia cuando quieren vender sus propios productos en el extranjero.

La hipocresía no tiene fronteras: exige mercados abiertos para exportar y murallas para impedir que otros compitan.

Defender el libre comercio no significa ignorar los costos de una apertura mal diseñada ni fingir que todos los sectores pueden adaptarse al mismo ritmo. Significa reconocer que el intercambio voluntario puede ampliar mercados, facilitar el acceso a bienes de capital, estimular la competencia y ofrecer a las empresas incentivos para innovar.

También significa comprender que la competitividad duradera no nace de una protección eterna, sino de la productividad, la inversión, la capacitación, la infraestructura y reglas previsibles.

Una industria nacional fuerte no debería depender de que el consumidor esté cautivo. Debería aspirar a producir bienes y servicios que los ciudadanos quieran comprar por su calidad, precio e innovación, y que puedan competir en mercados internacionales.

El empresario honesto no necesita ser tratado como sospechoso por crear riqueza. El trabajador no necesita que se le prometa protección eterna mientras se deterioran las oportunidades. Y el consumidor no debería ser convertido en el financista involuntario de privilegios empresariales.

El mercado tampoco es un altar al que debamos sacrificar cualquier consideración social. Es un mecanismo de intercambio que necesita reglas generales, competencia efectiva, contratos respetados y protección frente al fraude y los abusos.

La libertad económica exige responsabilidad. El empresario que pide competencia debe aceptar competir. El dirigente que reclama transparencia debe mostrar sus cuentas. El funcionario que habla de eficiencia debe demostrar resultados.

No hay patriotismo en obligar a un argentino a pagar más para sostener indefinidamente una ineficiencia. Hay patriotismo en construir una economía capaz de producir más, comerciar mejor y generar empleos productivos.

La bandera argentina debería representar también esa ambición: una Nación que no teme al mundo porque confía en el talento de su gente.

7. MÉRITO, EMPRESA Y TRABAJO: LA RIQUEZA NO NACE DE UN DECRETO

La prosperidad de un país no aparece por generación espontánea. Tampoco nace de un discurso presidencial, de una declaración sindical ni de una ley que promete distribuir lo que todavía nadie produjo.

La riqueza sostenible se construye mediante trabajo, inversión, conocimiento, innovación, ahorro, cooperación y emprendimiento. Se crea cuando alguien identifica una necesidad, desarrolla una solución, asume riesgos y ofrece un bien o servicio que otros valoran.

Un pequeño comerciante que abre su local, un trabajador que aprende un oficio, una científica que investiga, un productor que invierte en tecnología y un empresario que contrata personal forman parte de una misma realidad productiva.

No todos tienen las mismas oportunidades de partida, ni todos los esfuerzos obtienen idénticos resultados. Pero una sociedad libre debería procurar que el origen familiar, los contactos políticos o la cercanía al poder pesen menos que la capacidad de trabajar, aprender y crear.

El mérito no es una excusa para ignorar las desigualdades. Es una razón para combatir los obstáculos arbitrarios que impiden superarlas.

Por eso debemos discutir seriamente la calidad de la educación, la formación profesional, la movilidad social, la competencia y el acceso al empleo formal.

También debemos reconocer una verdad incómoda: no existe una economía dinámica cuando producir legalmente se vuelve una carrera de obstáculos y la cercanía con el poder ofrece mejores recompensas que la productividad.

Si un emprendedor debe dedicar una parte desproporcionada de su tiempo a descifrar trámites, enfrentar reglas cambiantes o conseguir autorizaciones discrecionales, el país desperdicia energía que podría destinarse a crear valor.

Si una empresa puede prosperar gracias a una relación privilegiada con un funcionario en lugar de competir por sus clientes, el sistema está premiando el vínculo político por encima de la capacidad productiva.

Y si un joven descubre que la recomendación adecuada abre más puertas que la preparación, la sociedad está enviándole una señal desastrosa.

La Argentina necesita menos economía de privilegios y más economía de oportunidades.

Eso requiere estabilidad macroeconómica, seguridad jurídica, respeto por los contratos, reglas tributarias comprensibles, infraestructura, educación y competencia. También requiere instituciones que impidan que los poderosos, sean públicos o privados, conviertan sus ventajas en barreras para los demás.

No se trata de enfrentar a empresarios contra trabajadores. Se trata de terminar con un sistema que enfrenta a ambos con costos, incertidumbre y privilegios que benefician a quienes saben moverse dentro de la burocracia.

El trabajo merece dignidad. El capital merece reglas previsibles. El consumidor merece opciones. Y el Estado debe garantizar que las reglas no se escriban exclusivamente para quienes tienen mejores contactos.

Una Argentina verdaderamente liberal no sería una Nación sin solidaridad: sería una Nación en la que ayudar al prójimo no exigiera convertir cada necesidad en una oficina, cada problema en un subsidio permanente y cada ciudadano en un dependiente político.

8. LOS SINDICATOS: REPRESENTAR AL TRABAJADOR NO ES CONVERTIRSE EN SU DUEÑO

La Argentina necesita libertad sindical, trabajadores organizados y mecanismos legítimos para negociar condiciones laborales. Pero defender los derechos de los trabajadores no significa conceder a sus representantes un cheque en blanco.

Cuando un dirigente reclama aumentos salariales, corresponde examinar los ingresos de los trabajadores y la situación de la actividad. Cuando denuncia una medida gubernamental, hay que analizar sus efectos. Cuando convoca a una huelga, deben considerarse sus motivos y consecuencias.

Lo que no corresponde es aceptar que la palabra «trabajador» funcione como un salvoconducto frente a cualquier pregunta.

¿Se publican las cuentas de la organización? ¿Se respetan los mecanismos democráticos? ¿Los afiliados pueden cuestionar a sus representantes? ¿Se explican los acuerdos salariales y sus resultados? ¿Los dirigentes rinden cuentas de las decisiones que afectan a quienes dicen representar?

Estas preguntas no son ataques contra los trabajadores. Son preguntas a favor de ellos.

Un sindicalista honesto merece respeto. La negociación colectiva puede cumplir una función importante. Pero si un dirigente utiliza su organización para perpetuarse, obtener ventajas personales o bloquear cualquier control, debe responder por sus actos.

Y aquí conviene aplicar la misma regla que defendemos para el mercado: ningún grupo debería estar protegido de la rendición de cuentas por la nobleza de sus declaraciones.

La corrupción no se vuelve aceptable porque alguien pronuncie «justicia social». Tampoco se vuelve aceptable porque otro invoque «libertad económica».

¡Qué descubrimiento tan revolucionario para los fanáticos de todos los colores! La honestidad no tiene afiliación partidaria y el privilegio no se transforma en virtud por llevar una bandera determinada.

El trabajador necesita representación genuina, oportunidades de capacitación, mejores condiciones para producir y un sistema que favorezca la creación de empleo formal.

No necesita que una dirigencia se perpetúe en su nombre mientras le explica que las cosas no pueden cambiar.

9. UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN Y FUTURO: FINANCIAR CON INTELIGENCIA, EXIGIR CON FIRMEZA

Una universidad pública puede transformar vidas. Puede formar médicos, ingenieros, docentes, científicos y profesionales capaces de resolver problemas que afectan a millones de personas.

Puede permitir que jóvenes sin recursos familiares suficientes accedan a conocimientos que de otra manera serían difíciles de alcanzar. Puede producir investigación, estimular la innovación y contribuir al desarrollo de empresas y comunidades.

Precisamente por eso merece una defensa seria, no una consigna vacía.

Necesita financiamiento sostenible, docentes con condiciones laborales dignas, laboratorios equipados, libertad académica, concursos transparentes y proyectos que puedan desarrollarse con previsibilidad.

También necesita información presupuestaria comprensible, auditorías eficaces, evaluaciones responsables y mecanismos para corregir errores.

No todo cuestionamiento al gasto universitario es un ataque a la educación. Tampoco toda defensa del presupuesto es una maniobra partidaria.

Hay necesidades reales que requieren inversión. Y hay gastos cuya justificación debe poder demostrarse.

La discusión adulta consiste en distinguirlos.

El financiamiento público puede generar beneficios sociales que no se reflejan por completo en los ingresos de una institución o de un individuo. La investigación básica, por ejemplo, puede producir conocimientos de largo plazo, formar especialistas y abrir caminos tecnológicos que nadie podría garantizar de antemano.

Por eso sería equivocado exigir que toda actividad universitaria produzca ganancias comerciales inmediatas.

Pero también sería equivocado utilizar esa realidad para impedir la evaluación de la gestión, la calidad de la enseñanza o el uso de los recursos.

Una política educativa inteligente debe considerar tanto los resultados medibles como los beneficios de largo plazo, sin convertir la evaluación en una excusa para desfinanciar capacidades estratégicas ni la autonomía en una excusa para evitar preguntas.

Y si una institución sostiene que necesita más recursos, debería poder explicar sus necesidades con información sólida. Si el gobierno cuestiona sus gastos, debería presentar evidencia y propuestas concretas.

El debate merece documentos, criterios claros y responsabilidad de ambas partes.

Porque una Argentina próspera necesita ciencia, educación y libertad. Pero también necesita dejar de confundir la defensa de una institución con la defensa automática de cada persona que ocupa un cargo dentro de ella.

10. UNA BANDERA ARGENTINA NO DEBERÍA PROVOCAR MIEDO

Volvamos a aquella imagen: una persona sostiene la bandera argentina frente a una multitud.

¿Por qué alguien debería ser descalificado por hacerlo? ¿Por qué un símbolo nacional puede convertirse en una provocación cuando no coincide con las preferencias políticas del observador?

La bandera pertenece a todos los argentinos: al trabajador que se levanta de madrugada, al estudiante que viaja horas para llegar a clase, al investigador que busca respuestas, al empresario que arriesga su capital, al docente que enseña, al comerciante que abre su negocio y al ciudadano que cuestiona al gobierno de turno.

No es propiedad del peronismo, el kirchnerismo, el socialismo, el radicalismo, el liberalismo ni el libertarismo.

Tampoco es propiedad de un presidente.

La patria es más grande que cualquier administración temporal.

Amar a la Argentina significa querer que sus habitantes puedan vivir mejor. Significa defender la libertad de expresión, respetar la ley, exigir justicia independiente, rechazar la corrupción y reconocer que ninguna autoridad está por encima de los ciudadanos.

Significa aceptar que alguien pueda defender la educación pública y, al mismo tiempo, reclamar auditorías. Que alguien pueda apoyar reformas económicas y cuestionar una medida concreta del gobierno. Que una persona pueda valorar el mercado sin despreciar a quien atraviesa dificultades, o defender una política social sin justificar el despilfarro.

Pensar sin pedir permiso a una tribu política es una forma de madurez cívica.

La Argentina no necesita ciudadanos que repitan consignas con mayor volumen. Necesita ciudadanos capaces de distinguir entre evidencia y sospecha, entre un derecho y un privilegio, entre la libertad y la arbitrariedad, entre la solidaridad genuina y el negocio de quienes pretenden administrarla para siempre.

La bandera no debería utilizarse para callar al adversario. Debería recordarnos la responsabilidad que compartimos por el futuro nacional.

REFLEXIÓN FINAL DE PABLO NICOLÁS CASTIGNANI

La Argentina tiene una habilidad extraordinaria para fabricar próceres en los discursos y pequeños monarcas en las oficinas.

Cada sector encuentra una palabra noble para bautizar sus intereses. El gasto injustificado se convierte en inversión social; el privilegio, en conquista histórica; el acomodo, en construcción política; la falta de controles, en autonomía; la protección comercial indefinida, en patriotismo industrial; y la permanencia eterna en un cargo, en una supuesta vocación de servicio.

Después aparece el ciudadano común, ese personaje al que todos dicen representar y al que casi nadie consulta cuando llega la hora de pagar la factura.

Le piden paciencia para estudiar, paciencia para conseguir empleo, paciencia para ahorrar, paciencia para acceder a una vivienda y paciencia para esperar que la próxima reforma finalmente cumpla lo que prometieron las anteriores.

Y cuando pregunta por qué el país no avanza, siempre aparece algún especialista en indignación para acusarlo de insensible, ignorante o enemigo del pueblo.

¡Qué mecanismo tan cómodo! Los dirigentes administran, los ciudadanos pagan y, si los resultados no aparecen, la culpa pertenece a una fuerza misteriosa: la herencia recibida, el gobierno anterior, el gobierno siguiente, los mercados, los empresarios, los trabajadores, los estudiantes o cualquier otro culpable que se encuentre disponible.

La responsabilidad, curiosamente, siempre está de viaje.

Mi posición es clara: quiero una universidad pública fuerte, pero no una caja política. Quiero trabajadores con derechos, pero no dirigentes sindicales convertidos en propietarios de sus representados. Quiero un Estado capaz de cumplir sus funciones, pero no un aparato que pretenda decidir cada aspecto de la vida de los ciudadanos.

Quiero una economía abierta al mundo, con empresas capaces de competir, trabajadores que puedan progresar y consumidores que no deban pagar indefinidamente los costos de los privilegios ajenos.

Quiero un país donde el mérito importe, pero donde el origen social no condene a nadie de antemano. Donde la libertad no sea una palabra reservada para los poderosos y donde la solidaridad no sea una excusa para construir dependencias políticas.

No creo que la Argentina vaya a resolver sus problemas reemplazando una burocracia por otra. Tampoco creo que el solo hecho de reducir gastos convierta automáticamente a una administración en eficiente.

Las reformas deben juzgarse por sus resultados. El gasto debe evaluarse por su utilidad. Las instituciones deben respetarse, y quienes las administran deben rendir cuentas.

Eso es lo que significa tomarse en serio una república.

A los rectores honestos, mi respeto. A los docentes comprometidos, mi reconocimiento. A los investigadores que producen conocimiento, mi admiración. A los estudiantes que luchan por su futuro, mi solidaridad. A los empresarios que invierten, compiten y crean empleo de manera responsable, mi reconocimiento. A los trabajadores que sostienen sus hogares con esfuerzo, mi respeto más profundo.

Pero a cualquier dirigente —peronista, kirchnerista, socialista, radical, liberal o libertario— que pretenda utilizar una causa noble para blindar sus privilegios, le digo lo mismo:

La bandera no es un escudo contra las preguntas. El cargo no es un título de nobleza. La autonomía no es impunidad. La protección económica no es patriotismo automático. Y el dinero público no es una herencia familiar.

La Argentina necesita recuperar el orgullo de producir, comerciar, estudiar, investigar, emprender y trabajar. Necesita reglas estables, instituciones confiables y una cultura en la que el éxito honesto no provoque resentimiento, sino inspiración.

Necesita abandonar la idea de que la riqueza es un botín que debe repartirse entre quienes controlan el poder. La prosperidad duradera se construye creando valor, ampliando oportunidades y permitiendo que las personas desarrollen sus capacidades en libertad.

No hay honor en vivir de privilegios mientras se predica sacrificio. No hay mérito en ganar gracias a una barrera diseñada para excluir competidores. No hay libertad real cuando un ciudadano depende de la voluntad arbitraria de un funcionario. Y no hay patriotismo serio cuando se utiliza el nombre de la Nación para proteger intereses particulares.

El amor a la patria debe expresarse en hechos: respetar la ley, cumplir los compromisos, educar a nuestros hijos, trabajar con honestidad, defender las libertades y exigir que las instituciones estén al servicio de la sociedad.

La Argentina no necesita menos patriotismo. Necesita menos patriotismo de utilería.

No necesita menos educación pública. Necesita educación de calidad, libertad académica, oportunidades y rendición de cuentas.

No necesita cerrar sus puertas al mundo por miedo a competir. Necesita preparar a su gente para competir, comerciar y prosperar.

No necesita convertir al Estado en un enemigo de todo lo privado ni al mercado en una excusa para ignorar los abusos. Necesita reglas justas, competencia genuina y límites claros al poder, tanto político como económico.

Y, sobre todo, necesita dejar de confundir la lealtad a una bandera con la obediencia a un dirigente.

Porque la patria no se defiende aplaudiendo todo lo que hace un gobierno. Se defiende exigiéndole que cumpla con su responsabilidad. No se honra justificando cada decisión de una universidad. Se honra defendiendo el conocimiento y reclamando que los recursos se utilicen bien. No se construye prosperidad declarando enemigos a quienes piensan distinto. Se construye con libertad, instituciones, trabajo y cooperación.

A quienes se ofenden cada vez que alguien pide cuentas, les dejo una última reflexión:

Si la causa es tan noble como aseguran, si la gestión es tan eficiente como proclaman, si la protección realmente beneficia a los trabajadores y si los recursos se utilizan tan bien como prometen, ¿cuál sería el problema de demostrarlo?

Los números no tienen partido político. El mérito no necesita un comité que lo autorice. La honestidad no requiere una afiliación. Y la bandera argentina no necesita que ningún dirigente le conceda permiso para representar a la Nación.

Quiero una Argentina donde el honor valga más que el acomodo, el mérito más que el apellido político, la libertad más que la obediencia, la producción más que el privilegio y la patria más que cualquier partido.

Una Argentina que no tenga miedo de abrirse al mundo porque confía en sus ciudadanos. Una Argentina en la que estudiar sirva para progresar, trabajar permita vivir dignamente, emprender sea una oportunidad y el Estado responda ante la sociedad en lugar de exigirle obediencia.

Una Argentina donde nuestros hijos no hereden nuestra resignación, sino la posibilidad de construir algo mejor.

Porque amar a la patria no es pedirle al ciudadano que se sacrifique eternamente para sostener los errores de sus dirigentes.

Amar a la patria es trabajar para que, algún día, el sacrificio de los argentinos se traduzca en libertad, prosperidad, dignidad y futuro.

Pablo Nicolás Castignani
Periodismo de opinión | Patria, libertad, mérito, libre comercio, honor y responsabilidad republicana.