EL ESTADO TAMBIÉN PUEDE CONVERTIRSE EN UN ESPECTÁCULO DE BARBARIE

Cuando el poder descubre que la venganza vende más que la justicia

Por Pablo Nicolás Castignani | Sátira periodística, historia y opinión

Hay gobiernos que prometen libertad, otros que prometen igualdad y algunos que, cuando se quedan sin argumentos, prometen espectáculo. Porque nada resulta más cómodo para un político que transformar un problema de justicia en una función de entretenimiento patriótico. El ciudadano pone la indignación; el dirigente, el escenario; y el Estado, la autoridad para decidir quién merece convertirse en el protagonista de la próxima temporada.

Bienvenidos a la modernidad: tenemos satélites, inteligencia artificial, mercados globales y teléfonos capaces de conectar continentes. Sin embargo, cada tanto aparece algún iluminado del poder que parece convencido de que la humanidad todavía necesita regresar a la plaza pública para aprender una lección de moral mediante el castigo ejemplar.

¡Qué progreso extraordinario! El siglo XXI nos ofrece tecnología de punta para transmitir por internet ideas que la civilización lleva siglos intentando superar.

La polémica estadounidense en torno a la propuesta de transmitir en directo la ejecución de Nidal Hasan, condenado por la masacre de Fort Hood de 2009, constituye un ejemplo inquietante. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, defendió inicialmente la difusión pública como una advertencia contra el terrorismo. Donald Trump terminó descartando la transmisión después de las críticas, aunque mantuvo su respaldo a la ejecución prevista para el 3 de diciembre de 2026. Al momento de esta columna, esa fecha es futura y no corresponde presentar la ejecución como un hecho consumado. La masacre dejó 13 muertos y más de 30 heridos. La gravedad del crimen no elimina la obligación de examinar críticamente el poder del Estado. 

Porque una cosa es exigir justicia para las víctimas y otra, bastante diferente, convertir el castigo en una ceremonia política para satisfacer a una audiencia.

Y aquí empieza el verdadero problema.

I. DEL CIRCO ROMANO AL CIRCO DIGITAL

Los romanos comprendieron hace dos mil años que el espectáculo podía servir para entretener a la multitud, exhibir el poder y construir una imagen de autoridad. Las arenas imperiales no eran simplemente lugares de diversión: también eran escenarios donde el orden político se representaba mediante la fuerza.

La fórmula era sencilla: el gobernante exhibía su poder, el público descargaba sus emociones y el sistema conseguía, al menos durante un rato, que la atención se concentrara en el espectáculo en lugar de hacerlo en los problemas de fondo.

Cambien las gradas por pantallas, las túnicas por trajes presidenciales y los pregoneros por comentaristas televisivos. La tentación política sigue siendo reconocible.

El ciudadano ya no necesita trasladarse al anfiteatro. Puede indignarse desde el sillón, discutir desde el teléfono y sentirse parte de una cruzada moral mientras el algoritmo le sirve otra dosis de furia.

La civilización avanzó enormemente en sus herramientas. No siempre avanzó al mismo ritmo en el uso que hace de ellas.

Y conviene aclararlo: no toda pena impuesta por un tribunal equivale a barbarie, ni toda defensa del castigo implica sed de venganza. El problema aparece cuando el Estado deja de explicar la justicia mediante la ley y empieza a venderla como espectáculo.

Cuando el castigo necesita una audiencia para demostrar su eficacia, la pregunta ya no es solamente qué hizo el condenado. También debemos preguntarnos qué clase de sociedad desea construir quien organiza la función.

II. ALBERDI CONTRA LOS ADORADORES DEL ESTADO OMNIPOTENTE

En 1880, Juan Bautista Alberdi publicó La omnipotencia del Estado es la negación de la libertad individual. No estaba escribiendo para los usuarios de las redes sociales ni para los estrategas de comunicación del siglo XXI. Sin embargo, su advertencia conserva una actualidad incómoda.

Alberdi escribió:

«La omnipotencia del Estado es la negación de la libertad individual».

Una frase breve, demoledora y particularmente desagradable para quienes consideran que el poder político siempre sabe qué hacer con nuestras vidas, nuestras libertades y nuestra conciencia.

El problema del Estado omnipotente no consiste solamente en que pueda equivocarse. Consiste en que, cuando se le atribuye una autoridad moral ilimitada, sus errores pueden convertirse en abusos justificados por una causa supuestamente superior.

Ayer era la patria. Después fue la revolución. En otros lugares, la religión, la seguridad nacional, la raza, la clase social o la salvación de la humanidad. Hoy, según las circunstancias, puede ser la guerra contra el terrorismo, la defensa de Occidente o la restauración de una grandeza nacional presentada como si fuera una licencia para suspender cualquier objeción.

Siempre aparece una causa magnífica para justificar una autoridad extraordinaria. Lo extraordinario es que las libertades individuales suelen ser las primeras sacrificadas en nombre de esa magnificencia.

Alberdi también escribió que la libertad individual constituye «el límite sagrado» de la autoridad de la patria. La idea merece ser recordada precisamente cuando los dirigentes se sienten tentados a confundir la grandeza nacional con la obediencia absoluta.

Porque amar a una nación no significa aplaudir cada decisión de su gobierno. Y defender la seguridad de sus habitantes no significa convertir la crueldad en una virtud pública.

El liberalismo serio no exige indiferencia frente al delito. Exige que la respuesta al delito esté sometida a límites jurídicos, controles institucionales y garantías que no dependan del humor de la multitud.

De lo contrario, no tenemos un Estado de derecho: tenemos un Estado de entusiasmo, y ya sabemos lo peligroso que puede resultar un entusiasmo con presupuesto, burocracia y poder coercitivo.

III. LA REVOLUCIÓN FRANCESA: CUANDO LA VIRTUD SE CONVIRTIÓ EN TRIBUNAL

La Revolución francesa comenzó en 1789 con demandas de representación, libertad y transformación del orden político. Su historia, sin embargo, también quedó marcada por el Terror de 1793 y 1794, cuando tribunales revolucionarios y autoridades políticas impulsaron una represión que llevó a miles de personas a la guillotina.

Maximilien Robespierre y otros dirigentes justificaron medidas extraordinarias en nombre de la república y de la virtud. La sospecha política podía convertirse en condena, y la supuesta defensa de la revolución terminaba legitimando procedimientos cada vez más violentos.

La lección no es que toda revolución liberal conduzca inevitablemente al terror. Sería una conclusión históricamente falsa. La lección es más precisa: ninguna causa, por noble que se proclame, está inmunizada contra el autoritarismo cuando sus dirigentes se consideran propietarios exclusivos de la verdad moral.

El fanático nunca se presenta ante la historia diciendo: «Soy un abusador y quiero abusar de ustedes».

Se presenta diciendo que tiene una misión.

El revolucionario autoritario promete salvar al pueblo de sus enemigos. El nacionalista autoritario promete salvar a la patria de sus traidores. El fundamentalista promete salvar las almas. El dirigente obsesionado con la seguridad promete salvar a todos de una amenaza permanente.

Y cada uno puede encontrar una justificación distinta para reclamar poderes cada vez mayores.

La ironía es extraordinaria: todos prometen emancipar al ser humano, pero algunos terminan exigiéndole que renuncie a su juicio individual para obedecer al salvador de turno.

Parece que la humanidad inventó la libertad y después contrató a una interminable sucesión de gerentes para administrarla hasta dejarla sin contenido.

IV. ESTADOS UNIDOS: ENTRE LA LIBERTAD Y LA TENTACIÓN AUTORITARIA

Estados Unidos ocupa un lugar fundamental en la historia constitucional moderna. La Declaración de Independencia de 1776, la Constitución de 1787 y la Declaración de Derechos de 1791 contribuyeron a desarrollar un modelo de gobierno limitado, división de poderes y protección de libertades.

No significa que el país haya cumplido siempre sus propios ideales. La esclavitud, la segregación racial, el desplazamiento de pueblos indígenas y episodios de persecución política muestran contradicciones profundas entre los principios proclamados y la realidad histórica.

El macartismo de la década de 1950, por ejemplo, alimentó un clima de sospecha y persecución contra personas acusadas de simpatías comunistas. El miedo a una amenaza real o percibida contribuyó a debilitar libertades que Estados Unidos decía defender.

Después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, la preocupación por la seguridad volvió a impulsar debates sobre vigilancia, detención, interrogatorios y límites del poder ejecutivo.

La historia estadounidense no es una marcha uniforme hacia la libertad ni una caída inevitable hacia el autoritarismo. Es una disputa permanente entre instituciones que limitan el poder y dirigentes que pretenden ampliarlo.

Por eso la controversia sobre la ejecución televisada resulta tan reveladora.

El problema no desaparece porque Trump haya descartado la transmisión. Esa decisión evitó convertir una ejecución en un espectáculo público, pero dejó en pie el debate sobre la pena capital, el poder militar y el significado de la justicia.

Tampoco es necesario afirmar que Estados Unidos se ha convertido en una teocracia para advertir el peligro de mezclar política, fervor identitario y castigo ejemplar.

Basta con observar una tentación mucho más antigua: creer que el Estado demuestra su fortaleza cuando exhibe hasta dónde puede llegar.

La fortaleza institucional, sin embargo, también se mide por lo que el poder decide no hacer, incluso cuando dispone de autoridad para intentarlo.

Un país puede ser militarmente poderoso y jurídicamente vulnerable. Puede tener universidades prestigiosas, empresas innovadoras y una economía extraordinaria, mientras ciertos sectores de su política convierten el resentimiento en combustible electoral.

La civilización no consiste en tener la tecnología suficiente para transmitir cualquier acontecimiento. Consiste en preguntarse si ese acontecimiento debe convertirse en una mercancía política.

V. LA ARGENTINA Y SU VIEJA ADICCIÓN AL SALVADOR DE TURNO

En la Argentina conocemos demasiado bien la tentación de buscar un hombre providencial.

Cada generación parece encontrar a alguien que promete terminar de una vez por todas con los males nacionales. El líder cambia de uniforme, de discurso y de bandera, pero la relación de dependencia entre el ciudadano y el poder puede permanecer intacta.

El peronismo construyó una identidad política de enorme influencia histórica, con conquistas sociales, una relación particular con los sindicatos y una tradición de liderazgo personalista. También dejó conflictos, divisiones y episodios autoritarios que merecen un examen crítico, sin convertir la historia en una caricatura ni atribuir a todos sus adherentes las mismas ideas.

Otras corrientes políticas argentinas tampoco están libres de contradicciones. Hubo gobiernos que invocaron el orden para restringir libertades, dirigentes que utilizaron la patria como argumento para exigir obediencia y administraciones que confundieron la voluntad electoral con una autorización ilimitada.

La dictadura iniciada en 1976 llevó esa lógica a su expresión más brutal: el Estado se arrogó facultades para perseguir, secuestrar, torturar y desaparecer personas, destruyendo garantías fundamentales. Ninguna explicación ideológica puede borrar esa responsabilidad histórica.

Y aquí debería existir un consenso básico entre ciudadanos de distintas ideas: el Estado no puede convertirse en juez absoluto de quién merece derechos y quién deja de merecerlos.

La crítica al autoritarismo no tiene partido exclusivo.

Si un peronista justifica un abuso porque lo comete alguien de su espacio, se equivoca. Si un kirchnerista relativiza una violación de derechos porque favorece su relato, se equivoca. Si un socialista pretende justificar la censura en nombre de la igualdad, se equivoca. Y si un libertario considera aceptable cualquier exceso estatal porque lo ejecuta un dirigente al que admira, también se equivoca.

La libertad no es una franquicia partidaria.

No viene con un logotipo, no se activa solamente cuando gobiernan los propios y no desaparece cuando el acusado nos cae mal.

Si defendemos los límites al poder únicamente cuando gobiernan nuestros adversarios, no defendemos principios: defendemos conveniencias.

Y para eso ya existe suficiente oferta en el mercado político argentino.

VI. LA DERECHA, LA IZQUIERDA Y EL NEGOCIO DE LA INDIGNACIÓN

Una de las industrias más rentables de la política contemporánea consiste en vender enemigos.

La izquierda más autoritaria puede presentar al adversario como un obstáculo para la justicia social. La derecha más autoritaria puede presentarlo como una amenaza para la nación, la tradición o la seguridad. Ambas pueden terminar convencidas de que sus objetivos justifican cualquier procedimiento.

No son ideologías idénticas ni tienen la misma historia. Pero comparten un riesgo cuando abandonan los límites institucionales: el individuo deja de ser una persona con derechos y pasa a convertirse en una pieza de un proyecto colectivo.

El mecanismo es eficaz.

Primero se identifica un enemigo. Después se exagera su peligrosidad. A continuación se presenta cualquier objeción como una forma de complicidad. Finalmente, se exige que el ciudadano elija entre apoyar al dirigente o colaborar con la catástrofe.

La discusión pública se transforma en una aduana moral administrada por personas que jamás dudan de sí mismas.

Y las redes sociales agregan un incentivo perverso: cuanto más extrema es la declaración, más posibilidades tiene de circular. La prudencia no siempre se vuelve viral; el escándalo, en cambio, encuentra patrocinadores emocionales de sobra.

Así aparece el político que necesita pronunciar una barbaridad para demostrar que tiene carácter, el comentarista que confunde la agresividad con la inteligencia y el militante que cree haber ganado una discusión porque consiguió insultar más fuerte.

El debate público termina convertido en una competencia para determinar quién puede gritar «traidor» con mayor volumen.

¡Magnífico espectáculo! Si la calidad institucional se midiera por decibelios, ya seríamos la primera potencia mundial.

Pero gobernar no consiste en ganar una discusión en internet. Consiste en administrar recursos, proteger derechos, garantizar seguridad, rendir cuentas y aceptar que la autoridad también puede equivocarse.

El ciudadano necesita instituciones que funcionen, no dirigentes que le proporcionen una emoción diaria para reemplazar la ausencia de resultados.

VII. ¿QUÉ DIRÍA ALBERDI DE ESTA OBSESIÓN POR EL PODER?

Conviene volver al pensador tucumano.

Alberdi no propuso una sociedad sin autoridad ni una justicia indiferente. Su preocupación central era cómo organizar el poder para que contribuyera al desarrollo sin aplastar la libertad individual.

En Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, publicada en 1852, defendió la necesidad de organizar constitucionalmente el país y crear condiciones favorables para la población, la producción, el comercio y el progreso.

Su liberalismo no era una invitación a sustituir al gobernante por el capricho de una multitud. Era una defensa de las instituciones que hacen posible una sociedad de individuos libres.

Si llevamos esa preocupación al debate actual, la pregunta resulta incómoda para todos los fanatismos: ¿qué límites estamos dispuestos a imponerle al poder cuando el poder promete castigar a alguien que nosotros también consideramos despreciable?

Porque es muy sencillo defender garantías para quien comparte nuestras ideas. La prueba comienza cuando debemos defenderlas para quien nos repugna, nos ofende o ha cometido un crimen terrible.

El Estado de derecho no existe para proteger únicamente a los ciudadanos simpáticos. Existe precisamente porque ningún funcionario debería disponer de una autoridad ilimitada sobre la vida, la libertad y los derechos de los demás.

La justicia debe investigar, juzgar y aplicar las penas que correspondan dentro de un marco jurídico legítimo. La sociedad tiene derecho a exigir protección, reparación y rendición de cuentas. Las víctimas merecen respeto y no deberían convertirse en accesorios de una campaña propagandística.

La venganza puede ofrecer una satisfacción inmediata. No necesariamente ofrece una sociedad más segura, instituciones más confiables ni ciudadanos más libres.

Y la pena capital, en particular, plantea una cuestión adicional: cuando el Estado ejecuta una condena irreversible, cualquier error judicial adquiere una dimensión que ninguna rectificación posterior puede reparar.

No hace falta romantizar a un criminal para reconocer ese dilema. Tampoco hace falta despreciar a las víctimas para cuestionar la conveniencia de convertir una ejecución en un mensaje político.

La madurez de una sociedad consiste en poder sostener ambas ideas sin caer en la histeria tribal.

VIII. EL NUEVO PATRIOTISMO DE LAS CÁMARAS

Existe una diferencia fundamental entre defender a la patria y utilizarla como escenografía.

El patriotismo serio acepta la crítica, exige instituciones honestas y comprende que la grandeza nacional no se mide por la cantidad de enemigos derrotados en una pantalla.

El patriotismo teatral, en cambio, necesita una audiencia permanente. Cada discurso es una demostración de fuerza; cada adversario, una amenaza existencial; cada medida extrema, una oportunidad para fabricar una fotografía memorable.

No importa tanto resolver el problema como representar su resolución.

Y si la realidad no ofrece suficientes enemigos, siempre se puede fabricar una nueva categoría de sospechosos.

Es el viejo negocio de la política emocional: producir miedo, ofrecer autoridad y presentar el aplauso como prueba de legitimidad.

En ese esquema, la justicia corre el riesgo de transformarse en una puesta en escena y el ciudadano en un consumidor de castigos.

Pero un Estado no se vuelve más civilizado porque pueda ejecutar una condena frente a millones de espectadores. Tampoco se vuelve más justo porque consiga que la multitud celebre.

La pregunta es otra: ¿respeta la ley?, ¿protege los derechos?, ¿permite controles independientes?, ¿evita los abusos?, ¿acepta la crítica?

Si la respuesta es negativa, el espectáculo podrá ser impresionante, pero el deterioro institucional seguirá allí, detrás de las luces.

IX. LA REFLEXIÓN FINAL DE PABLO NICOLÁS CASTIGNANI

No me interesa defender criminales ni absolver a quienes destruyen vidas ajenas. Me interesa algo bastante más incómodo para los fanáticos: que el Estado no se convierta en aquello que dice combatir.

Una democracia puede defenderse del terrorismo sin transformar la crueldad en entretenimiento. Puede exigir justicia sin confundir el dolor de las víctimas con una autorización para abandonar cualquier límite moral. Puede defender la seguridad pública sin convertir cada exceso gubernamental en una medalla patriótica.

Y puede hacerlo sin pedirle permiso a la izquierda, a la derecha, al peronismo, al kirchnerismo o al libertarismo de turno.

Porque los principios que solamente sobreviven cuando gobiernan nuestros amigos no son principios. Son decoraciones de campaña.

A los adoradores del Estado omnipotente habría que recordarles que el poder no se vuelve infalible por hablar en nombre de Dios, de la patria, del pueblo, de la revolución o de la libertad. La historia está repleta de dirigentes convencidos de que sus intenciones justificaban sus métodos.

Muchos terminaron dejando una lección muy distinta de la que pretendían enseñar.

Alberdi comprendió que una nación no alcanza la verdadera libertad cuando reemplaza a un amo por otro, sino cuando establece límites que impiden que cualquier autoridad se convierta en dueña de sus ciudadanos.

Ese es el punto que no deberíamos perder de vista mientras la política internacional se llena de discursos sobre enemigos, castigos ejemplares y restauraciones nacionales.

Si para defender la civilización necesitamos convertir la barbarie en espectáculo, quizá debamos revisar qué estamos entendiendo por civilización.

Si para defender la libertad necesitamos entregar al poder una autoridad moral ilimitada, quizá estemos defendiendo otra cosa.

Y si un dirigente necesita exhibir la capacidad del Estado para destruir a un condenado con el propósito de demostrar su propia fortaleza, convendría preguntarnos por qué considera insuficientes la ley, las instituciones y la justicia.

La barbarie no siempre regresa vestida de uniforme enemigo. A veces llega con una bandera, un discurso patriótico y una multitud convencida de que aplaudir es lo mismo que pensar.

La última ironía es que una sociedad puede conservar sus símbolos de libertad mientras empieza a olvidar su significado.

Y entonces el problema ya no es solamente quién ocupa el poder.

El problema es cuántos ciudadanos están dispuestos a entregárselo todo con tal de ver castigado al enemigo de su tribu.

Porque la libertad no se demuestra cuando el Estado castiga a alguien que odiamos. Se demuestra cuando somos capaces de exigir que ese Estado también respete los límites que protegen a todos los demás.

Esa es la diferencia entre una república y un espectáculo de poder.

Y esa es, también, la diferencia entre defender a Occidente como una tradición de derechos individuales y utilizar su nombre como una excusa para abandonarlos.

Por Pablo Nicolás Castignani.

Opinión y sátira política. Las valoraciones sobre los hechos y sus implicancias institucionales corresponden al autor; las referencias históricas se presentan como contexto, no como equivalencias absolutas entre procesos diferentes.